Ley Hojarasca y propiedad intelectual: el nuevo campo de batalla legislativo
La Ley Hojarasca parecía un trámite legislativo más — barrer normas obsoletas, simplificar regulaciones. Pero cuando el texto completo se conoció, un capítulo generó alarma: las modificaciones a la normativa de propiedad intelectual. Creadores, editoriales y gestoras de derechos ya expresaron su preocupación.
Qué propone el proyecto en materia de PI
El proyecto de Sturzenegger incluye la derogación parcial de regulaciones que, según el Gobierno, generan trabas burocráticas en el registro y gestión de propiedad intelectual. Entre los cambios: simplificación del registro de obras, reducción de plazos administrativos y modificación de los mecanismos de resolución de conflictos.
El problema, según los críticos, es que la simplificación puede debilitar la protección. Menos burocracia suena bien, pero menos controles puede significar menos defensa para los titulares de derechos.
Las voces en contra
La Cámara Argentina del Libro emitió un comunicado advirtiendo que los cambios propuestos podrían afectar la protección de autores nacionales. SADAIC y Argentores se sumaron con un pedido de audiencia pública antes de que el proyecto avance en comisiones.
"No estamos en contra de simplificar. Estamos en contra de que, en nombre de la simplificación, se desproteja a los creadores argentinos", dijo el presidente de una gestora colectiva de derechos.
El argumento del Gobierno
La Ley Hojarasca promete simplificar la legislación, pero los creadores temen que la simplificación tenga un costo.
El Ejecutivo sostiene que las normas de PI que se propone modificar son de hace décadas y no contemplan la era digital. El argumento tiene peso: muchas regulaciones vigentes fueron escritas cuando Internet no existía, y su aplicación en contextos digitales es problemática.
Sturzenegger presentó números: más de 200 trámites de PI pueden resolverse en la mitad del tiempo con las modificaciones propuestas. La pregunta es si esa velocidad no viene a costa de rigor.
Qué esperar
El dictamen estaba previsto para el 21 de abril, pero la resistencia del sector cultural podría retrasar el debate. Si el oficialismo accede a la audiencia pública que piden las gestoras, el proyecto se demorará semanas. Si fuerza el tratamiento, va a generar un conflicto con el sector creativo que puede tener costo político.
Lo que está en juego no es solo una ley: es cómo Argentina protege a sus creadores en la era digital.
