O casi. La Fundación Vía Libre publicó el texto de un proyecto de adopción del sistema de voto electrónico. Al margen del contenido (cualquier lector regular de este blog sabe mi opinión sobre el voto electrónico), el proyecto es asqueroso desde la forma. Es, básicamente, un proyecto de legislación delegada: el Congreso le da permiso al presidente para legislar cierta materia. El artículo relevante de la constitución es el 76, que dice:
Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
En primer lugar: ¿Una reforma al código electoral entra dentro de las materias permitidas por la Constitución? Teniendo en cuenta que la materia electoral está explícitamente excluída de las que pueden ser legisladas vía decreto de necesidad y urgencia, diría que no (si bien no es lo mismo un DNU que una ley delegada, es claro que el constituyente buscó limitar el campo de acción del Poder Ejecutivo en ambos casos, por lo que me parece correcto interpretar las normas de manera estricta).
En segundo lugar, el proyecto no incluye un plazo para el ejercicio del poder delegado, cuando la Constitución explícitamente exige que dicho plazo exista.
En tercer lugar, el proyecto no impone ninguna exigencia respecto del método a aplicarse para el mecanismo de elección (salvo el requisito de que dicho medio sea “electrónico”). El Gobierno podría entonces no incluir ninguna garantía para los votantes (como rastros de papel auditables por los votantes, uso de software libre en las máquinas de votación o mecanismos para preservar el secreto del voto). Es más, hasta podría implementarse un sistema de votación exclusivamente por Internet (donde no se podría probar la identidad del votante, o que el mismo no esté emitiendo sufragio bajo coacción, etc). El Congreso básicamente estaría diciendo “PEN, haceme una ley que más o menos diga ésto… Confío en que vas a hacer las cosas bien, así que ya te la voy aprobando antes de verla. Suerte!”
También hay algunos problemas menores (por ejemplo, en principio se considera mala técnica legislativa incluir una “derogación general” de todo artículo que se oponga al proyecto). En definitiva, el proyecto es un asco. De aprobarse, nada impediría unas urnas que funcionen como “cajas negras”: al final de la jornada electoral, la urna dice cuantos votos sacó cada candidato sin manera de demostrarlo. O una máquina que además de generar el resultado, nos diga a quien votó cada uno (las urnas de cartón automáticamente apilan los votos en un orden aleatorio, pero en un sistema inauditable sería muy fácil diseñar un “sistema de gestión de dádivas y amenazas”).
El proyecto es, básicamente, nefasto. De todas las maneras de implementar un sistema de voto electrónico (que no me entusiasma para nada), ésta es lejos la peor.
Hola Alejandro, perdoná mi ignorancia. Te referís a que el artículo 5 dice que el Poder Ejecutivo deberá elaborar la normativa ¿no? Porque tengo entendido que el Poder Ejecutivo es el que reglamenta las leyes, pero me lamma la atención esto de elaborar.
Hoy descubrí este blog y no conozco tu postura sobre el voto electrónico, pero voy a leer atentamente tu dossier. Yo no tengo una posición definida. Sí estoy convencido de los beneficios las tecnologías como sistema de consulta permanente, participé de un par de experiencias interesantes, pero no pongo las manos en el fuego por el voto electrónico. En otra época colaboré en la fiscalización general del sistema tradicional y vi cosas repugnantes, que denuncié oportunamente, así que siempre imaginé que el voto electrónico podría ser una solución. Bueno, voy a leer tu dossier y después seguimos. Un abrazo.
José: el voto electrónico no soluciona nada. Yo también fiscalicé urnas de cartón, tanto “in situ” al terminar una elección como en la justicia electoral. Se ven cosas sospechosas, pero por lo menos tenemos la posibilidad de fiscalizarlas.En cambio, el voto electronico vuelve invisible al fraude: como no hay papel, no hay rastros.
Finalmente, es verdad que el Ejecutivo reglamenta las leyes, pero lo hace sólo dentro de los límites que le deja el Congreso. Acá es claro que la elaboración de la norma está a cargo del Presidente, pero no se cumple con las formas exigidas por la Constitución.